Periodismo de Opinión Neuquén - Patagonia - República Argentina - Fecha de inicio 28 de abril de 2.006 |
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El decreto sigue siendo la herramienta que define el criterio del gobierno nacional, o más precisamente del presidente Javier Milei. Ni paciencia ni respeto a los poderes del Estado y menos a las opiniones adversas. Asimismo desde la cartera de Seguridad pareciera que hay una insistencia silenciosa o de voz baja, salvo algún discurso desafiante cada tanto de la ministra, amenazando con que la mano dura es la preferida y la que está dando resultado. Todo esto sin medir la violación de derechos. Ahora informaron a través del Boletín Oficial, que el titular del Poder Ejecutivo, liberó las acciones militarizadas en el lugar que la “autoridad” actuante considere necesario y según la definición "de valor estratégico" según interpreten lo que podrían calificar de "amenazas terroristas" que de paso califican de alcance internacional. La herramienta es el Decreto N°1107/2024 para responder a lo que consideren de “vital importancia para el Estado”, ante daños diversos a instituciones o ataques a las fuerzas policiales o de seguridad federal que sin obstáculos sus autoridades “podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales”. Decisiones estratégicas que tomarían Bullrich y Petri de Seguridad y Defensa según sea su entender. Lo concreto es que ahora está liberada la salida de fuerzas militares a las calles del país. Decisión del que gobierna ante riesgos o sospechas o datos obtenidos inteligencia mediante, ante posibles reacciones sociales motivadas por el aumento de la crisis y los efectos sociales que tienen también su historia en situaciones de daño infligido por quienes administran el Estado. De hecho dicho decreto fue refrendado por Milei, Bullrich y Petri que deberán interpretar la cita del llamado “objetivo de valor estratégico” que incluye la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, sin aclarar su alcance al momento de aplicarlo. Por ello el decreto habilitante de la medida, considera de ese modo “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”. Se incluye también que “la calificación como Objetivo de Valor Estratégico será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”; constituyendo el factor de alto riesgo sujeto a la interpretación u ocurrencia del funcionario que lo aplique. Además el decreto referido establece la factibilidad de “amenazas y agresiones” de las “fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior. No puede soslayarse que una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI”. Ante esto se puede inferir que las movilizaciones ante abusos e injusticias del gobierno; cualquier acto de reclamo callejero de personas afectadas por despidos laborales o situaciones de reclamos sociales, puede ser considerado como un intento de golpe de Estado; y así aplicar la fuerza armada sin más. Ante este proceso decretado para repeler, peligrosamente, cualquier acto que se interprete adverso al gobierno nacional, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) opinaron que "desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior", y así "puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA". 191224 |
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